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Patria potestad y violencia de género: ¿cambio de paradigma?

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Autora: María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional (UA). Analista de Agenda Pública. Publicación original en Agenda Pública. Fecha de publicación: 16/02/2016. Puede consultarse aquí: http://agendapublica.es/patria-potestad-y-violencia-de-genero-cambio-de-paradigma/

 

El pasado 29 de septiembre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo avaló la privación de la patria potestad por vía penal en un intento de asesinato de la pareja presenciado por la hija menor. La sentencia resulta significativa teniendo en cuenta la reacia tendencia jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a la pena de privación de la patria potestad – sin perjuicio de acudir a la vía civil – y todo ello pese a que desde el 2010 la reforma introducida en el art. 55 del Código Penal prevé – como potestativa y con naturaleza accesoria – tal imposición en penas de prisión igual o superior a diez años siempre y cuando exista una relación directa entre el delito cometido y la privación de este derecho. Significativas resultan – en estos sentido – las palabras del Supremo cuando en su fundamento jurídico quinto dice textualmente: “(…) repugna legal y moralmente, mantener al padre en la titularidad de unas funciones respecto de las que se ha mostrado indigno pues resulta difícil imaginar un más grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que el menor presencie el severo intento del padre de asesinar a su madre”. Se trata de una sentencia importante en tanto en cuanto se podría decir que marca un antes y un después en el ámbito de la violencia de género y en su afectación a las y los menores. La razón es obvia toda vez que cabe observar una ruptura con ese discurso jurisprudencial/patriarcal dominante que ha visto compatible ser un agresor por violencia de género a la par que un buen padre de familia. El propio Supremo – en la sentencia referenciada – habla de ‘resistencia’ a la aplicación en el proceso penal de la pena de privación de la patria potestad. Resistencia que cabe constatar tras un análisis de su jurisprudencia concretándose en la adopción del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de Sala de 26 de mayo de 2000. Ahora bien, ¿cuáles son los términos en los que se concreta esa ruptura discursiva dominante en sede jurisprudencial? ¿Habrán influido las últimas modificaciones normativas en materia de protección de menores, a saber; Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y, Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia? ¿Y el II Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016? ¿Y la condena de la ONU a España en el caso González Carreño? Pues bien, vayamos por parte y veamos en donde radican los cambios:

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¿Qué devela el género en el análisis de la violencia contra las mujeres?

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Autora: María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional (UA).

Artículo original publicado en Agenda Pública. Fecha de publicación: 7/02/2016. Puede consultarse aquí: http://agendapublica.es/3045-2/

En este momento político de pactos es necesario recordar que recientemente diversos medios de comunicación se hacían eco de las propuestas de Ciudadanos en materia de violencia de género recogidas en su programa electoral con motivo del 20D. Saltaban a la palestra informativa propuestas como las de “acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo” así como errores conceptuales de calado al afirmar que la violencia de género es bidireccional. Pues bien, la pregunta es obligada: ¿qué denotan estas manifestaciones? Obviamente, un profundo desconocimiento de la realidad de este tipo de violencia y del marco conceptual adecuado para su abordaje. ¡Ojo!, pero este desconocimiento no es solo de esta formación política sino que es más generalizado afectando a sectores en los que la formación especializada debería exigirse en requisito sine qua non.

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Mujeres y cuerpos o la Transición desde los márgenes: el olvido intencionado de los derechos sexuales y reproductivos

Artículo publicado en I Coloquio Internacional Haciendo Historia: Género y Transición Política «Transiciones en Marcha»: Universidad de Alicante, 28 y 29 de mayo de 2014 / Carmen Mañas Viejo, Mar Esquembre Cerdá, Mónica Moreno Seco y Nieves Montesinos Sánchez (Eds.). Alicante: Universidad de Alicante, 2015. ISBN 978-84-9717-348-3, pp. 98-111

 Autora: María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional (UA)

 Puede consultarse el artículo completo aquí: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/46116

Manifiesto por la inclusión de los Estudios Feministas, de Mujeres y de Género en la Universidad

Manifiesto

Desde los años 80 el feminismo académico ha reclamado la incorporación de los estudios de género en la Universidad. En 2005 numerosas personas provenientes de diferentes universidades así como de otros ámbitos sociales y profesionales nos reunimos en Oñati para debatir acerca de la necesidad de los estudios feministas, de mujeres y de género a la enseñanza universitaria. En 2015 hemos considerado necesario volver a reunirnos en el mismo lugar y con la misma preocupación, y al igual que hicimos en aquella ocasión, en esta también hemos acordado hacer públicas las siguientes consideraciones y propuestas para que sean apoyadas por la comunidad universitaria y el resto de la sociedad. Sigue leyendo

25N y violencia de género: reflexiones sobre los cambios normativos

 Concepción Torres   Artículo de María Concepción Torres Díaz. Profesora de Derecho Constitucional y Abogada. Publicado para Agenda Pública en eldiario.es el 24/11/2015. Puede consultarse aquí: http://www.eldiario.es/agendapublica/blog/violencia-genero-reflexiones-cambios-normativos_6_455714451.html

El 20 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobaba la Declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En dicha Declaración se alude a los cambios normativos llevados a cabo durante el último año en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013/2016 aprobada al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pues bien, partiendo de las anteriores consideraciones, a continuación se recogen – sin ánimo de ser exhaustivo –, un elenco de las normas aprobadas en el último año con una incidencia directa en el abordaje de la violencia de género, a saber:

  1. Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea ( BOE de 21 de noviembre de 2014 con entrada en vigor el 11 de diciembre de 2014).
  2. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ( BOE de 31 de marzo de 2015 con entrada en vigor el 1 de julio de 2015).
  3. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito ( BOE de 28 de abril de 2015 con entrada en vigor el 28 de octubre de 2015).
  4. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria ( BOE de 3 de julio de 2015 con entrada en vigor el 23 de julio de 2015).
  5. Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ( BOE de 22 de julio con entrada en vigor el 1 de octubre de 2015).
  6. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia ( BOE de 23 de julio con entrada en vigor 12 de agosto de 2015).
  7. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia ( BOE de 29 de julio con entrada en vigor el 18 de agosto de 2015).
  8. Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ( BOE de 6 de octubre de 2015   con entrada en vigor el 7 de octubre de 2015 – salvo excepciones).
  9. Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social ( BOE de 10 de octubre de 2015 con entrada en vigor el 11 de octubre de 2015).
  10. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado ( BOE de 15 de octubre de 2015 con entrada en vigor el 16 de octubre de 2015).
  11. Protocolo de actuación para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género en el exterior de fecha 8 de octubre de 2015.

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El #7N como punto de inflexión

Concepción Torres

Artículo de María Concepción Torres Díaz. Profesora de Derecho Constitucional y Abogada. Publicado en Bez.es el 09/11/2015. Puede consultarse aquí: http://www.bez.es/892372084/El-7N-como-punto-de-inflexion.html

El sábado 7 de noviembre hubo una cita importante en Madrid: la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas. Una gran manifestación convocada por asociaciones feministas y a las que se han ido sumando voces críticas con la forma de socialización patriarcal. El éxito de la convocatoria ha supuesto – desde el punto de vista público/político – una denuncia colectiva sin precedentes de las violencias (en plural) que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Y hablar de violencias implica un claro posicionamiento frente al pacto patriarcal. Implica visibilizar el conflicto sexo/género que ha favorecido que el contrato sexual (Pateman, 1988) – o, en palabras de Jónasdóttir (1993), el pacto socio/sexual – haya permanecido casi inmutable a lo largo del tiempo. Y esto no es banal desde el momento en que se observa como las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales han emergido (y emergen) de ese pacto primigenio que se ha valido de la institucionalización de la subordinación sexual de las mujeres. Gerda Lerner (1986) ya se manifestaba en estos términos cuando denunciaba el control sexual de las mujeres. Control que ha tenido (y tiene) múltiples dimensiones como la apropiación de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres, la perpetuación de su dependencia económica, la escasa visibilización de las mujeres en los espacios de poder, etc. Y es que, no nos equivoquemos, es la práctica discursiva y cultural de ‘lo sexual’ desde el paradigma dominante desde donde se legitima la subordinación sexual de las mujeres (y desde donde ésta se perpetúa). Una subordinación basada en la diferencia sexual que los feminismos – como pensamiento crítico – han identificado como diferencia política, esto es, la diferencia entre la libertad y la sujeción. Pero, incluso, se podría ir más allá y hablar de la diferencia entre lo que supone el ser conceptuadas como ‘sujetos’ o el ser instaladas en la otredad en clara referencia a Simone de Beauvoir (1949). Una diferencia que se podría concretar – en última instancia – en determinar quién ejerce el poder y quién mantiene sus privilegios. Y no menos importante en determinar el marco conceptual de análisis en aras de una aproximación crítica al desarrollo normativo en materia de igualdad. Desde estos planteamientos el análisis de los espacios y las prácticas discursivas del poder se tornan esenciales. Y todo ello para identificar y denunciar las violencias machistas y sus múltiples dimensiones. El análisis de datos – en este punto resulta crucial – máxime teniendo en cuenta que un 25,4% de mujeres ha sufrido violencia psicológica de control en España alguna vez en la vida, un 21,9% ha sufrido violencia psicológica emocional y un 10,8% ha sufrido violencia económica (datos de la Macroencuesta sobre violencia de género correspondiente a 2015). O que un 5% de las europeas mayores de 15 años ha sido violada, un 43% de mujeres europeas ha sufrido alguna forma de violencia psicológica por parte de su actual pareja masculina o de una anterior y un 55% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido alguna forma de acoso sexual (datos del Informe de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Sigue leyendo

El riesgo objetivo en los casos de violencia de género

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Artículo de María Concepción Torres Díaz. Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante y Abogada. Publicado en Agenda Pública. Fecha de publicación: 06/11/2015.

El 8 de septiembre tuvo lugar la Apertura del Año Judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. En dicho acto la Fiscal General del Estado presentó los datos correspondientes a la Memoria de la Fiscalía 2015 en donde se recoge la actividad desplegada por el Ministerio Fiscal en el año 2014. Sin perjuicio de otras consideraciones de interés  recogidas en la Memoria relacionadas con la siniestralidad laboral, medio ambiente y urbanismo, extranjería, seguridad vial, vigilancia penitenciaria, delitos económicos, etc., el objeto de este post no es otro que analizar los datos que se incluyen referentes a la implantación y uso del Protocolo médico-forense de valoración urgente de riesgo como herramienta necesaria para llevar a cabo la valoración de riesgo objetivo en casos de violencia de género. Y es que es de significar su escasa utilización según se recoge en la Memoria de la Fiscalía – aspecto que no es nuevo ya que en la Memoria del año anterior (2014) ya se incidía en este extremo. En este sentido cabe destacar como en el año 2014 se emitieron 352 informes siguiendo el Protocolo citado. Un dato que si se compara con las solicitudes de órdenes de protección tramitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y en Juzgados de Guardia – 33.167 según datos del Consejo General del Poder Judicial – ponen de manifiesto su exigua implantación. Y es que estamos hablando de que solo en un 1,05% de las solicitudes de órdenes de protección tramitadas se han emitido informes forenses de valoración de riesgo. Ante estos datos – y como se recoge en la Memoria de la Fiscalía – urge incrementar los esfuerzos para dar a conocer el Protocolo entre los órganos judiciales y médicos/as forenses.

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La ‘especial trascendencia constitucional’ ante la violencia machista

Concepción Torres    Por María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional (UA)

02/09/2015

El pasado 25 de mayo diversos medios de comunicación social se hacían eco de la decisión del Tribunal Constitucional (TC, en adelante) de suspender cautelarmente la orden que obligaba a una madre de Jaén a entregar a su hija al padre imputado en España por violencia de género. Éste era uno de los pronunciamientos de la providencia de admisión a trámite del máximo intérprete constitucional ante el recurso de amparo presentado por la madre. Sin duda, un pronunciamiento esperanzador desde el punto de vista particular para la recurrente en amparo pero cuya trascendencia cabe esperar que vaya más allá por los derechos susceptibles de verse afectados y por la ‘especial trascendencia constitucional’ que aunque – sin entrar en el fondo de la cuestión – la Sala Segunda del TC parece atisbar en estos momentos en donde su valoración se concreta únicamente como mero requisito formal de admisión del recurso planteado (vid. art. 50.1 LOTC). Sigue leyendo